Día Internacional de las Víctimas de Tortura. Cumpliento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano en el caso de Radilla, 25 de junio de 2014.

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México, D.F. a 25 de junio de 2014.

Palabras en el Día Internacional de apoyo a las Víctimas de Tortura (26 de junio)

Compañeras y compañeros todos

Agradecemos al Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, (CCTI) que os haya invitado a la conmemoración de sus 10 años de trabajo la invitación para estar hoy aquí y a conmemorando el “Día Internacional de las Víctimas de tortura” y saludamos a todos los asistentes, en nombre de nuestros compañeros de la AFADEM.

Nuestro tema es: Cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano en el caso de Radilla, junio de 2014.

Rosendo RADILLA PACHECO, fue detenido y desaparecido por el ejército mexicano el 25 de agosto de 1974 en el Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, México. Su desaparición se enmarca en un contexto de desapariciones sistemáticas y generalizadas, en el cual se calculan más de 470 personas desaparecidas en el Municipio de Atoyac y 650 en el estado de Guerrero.
Pero hablar del Caso Radilla ante la Corte Interamericana, no es hablar solamente de la Desaparición Forzada de Don Rosendo RADILLA PACHECO a manos del ejército mexicano; más bien es hablar de la política de exterminio del Estado mexicano contra disidentes al sistema imperante, como lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su informe y posterior recomendación al gobierno federal (26/2001), así como del informe, (filtrado) de la FEMOSPP, no el publicado en la pagina de la PGR y el “contexto” de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano.
En México, a finales de la década de los 60, se inicia un periodo de Terrorismo de Estado que aun hoy, no termina, ni tiene para cuando finalizar, el objetivo es aterrorizar a la población, inmovilizar, limpiar el territorio de población.
Para minimizar los estragos de esta terrorífica política de Estado, le han dado por llamar, “guerra sucia” como si fuera el enfrentamiento de dos ejércitos, pero no ha sido una guerra contra la población indefensa, ha sido las formas de control del territorio y exterminio de los opositores a través del terror, hostigamiento, detenciones arbitrarias, cárceles clandestinas, tortura, ejecuciones, violaciones sexuales, desplazamiento forzado de la población, bombardeo de poblaciones con napalm, racionalización de los alimentos y medicamentos y desapariciones forzadas, entre otras.
Rosendo es uno de los más de 470 casos de desapariciones forzadas registrados por AFADEM – FEDEFAM solamente en el municipio de Atoyac de Álvarez durante periodo de Terrorismo de Estado de los años setenta.
Existen más de 650 desaparecidos en el estado de Guerrero y más de 1000 en todo el territorio nacional de este mismo período.
Rosendo RADILLA PACHECO, fue un destacado líder social de Atoyac de Álvarez, presidente municipal de 1955 a 1956, desempeñó varios cargos de representación popular en los diversos movimientos de la época, querido y respetado por la labor social que desarrolló a favor de la comunidad en la construcción de escuelas, hospitales y servicios para la comunidad, fue un gran apoyo para los campesinos. También, simpatizante de los movimientos sociales de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, autor de diversos corridos en los que plasmo su visión política y sus ideales sociales.
El 24 de agosto de 1974, iba a bordo de un camión de pasajeros junto con su pequeño hijo Rosendo, en el trayecto de Atoyac a Chilpancingo fue detenido por elementos militares en uno de sus retenes, llevado al cuartel militar de Atoyac, donde fue visto por última vez, junto con varios vecinos, también detenidos desaparecidos.
Desde entonces, las autoridades correspondientes, no dan cuenta de su paradero, no sabemos que ocurrió con él, ni con otros casi 500 personas, hombres, mujeres y niños detenidos desaparecidos en Atoyac, aunque existen testimonios sobre su estancia en el cuartel militar del lugar. A Rosendo, mediante tratos cueles lo obligaban a cantar sus corridos.
La familia y amigos lo buscaron incansablemente, hablaron con funcionarios públicos, civiles y militares, pero nadie les dio razón de su paradero.
Los familiares de muchos de los desaparecidos, se fueron identificando en su dolor y se fueron aglutinando y formaron el Comité de Familiares de la Costa Grande de Guerrero, luego la AFADEM.
De forma organizada durante muchos años, realizaron marchas, mítines, plantones, entrevistas con funcionarios públicos de diferentes niveles, tomas de edificios públicos, y todo acto público que se les ocurría para lograr la liberación y/o presentación.
Después de muchos años (1997) de activismo en defensa de los derechos humanos y con el apoyo de abogados solidarios, independientes, democráticos, decidimos mostrar que en México no hay acceso a la justicia y que no hay instrumentos jurídicos que nos protejan contra las desapariciones forzadas y es así que decidimos presentar casos ante instancias internacionales, para ello debíamos agotar las instancias nacionales y presentamos las primeras denuncias ante las instancias de procuración de justicia correspondientes, municipal, estatal y nacionalmente.
Primero presentamos un paquete de casos ante el MP de Atoyac, los que no nos quería recibir, ni siquiera sellar de recibido.
El día 29 de noviembre de 1999 presentamos el primer paquete de denuncias ante el ministerio público federal que corresponden a los casos de las 11 personas detenidas desaparecidas del Rincón de las Parotas, aun en el gobierno priista, a esta Averiguación Previa se fueron acumulando 143 casos que dieron inicio a las “primeras investigaciones” que realizara la PGR, investigaciones que no tuvieron ningún resultado además de que los MP eran personas que no estaban capacitadas para tratar con víctimas, revictimizando a los familiares.
Por estas denuncias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, inicio una pequeñísima investigación, se acumularon 532 quejas, 293 casos del estado de Guerrero.
De estos solo 275 casos son “acreditados” como que se les “conculcaron sus derechos, Detenidos Desaparecidos por el ejército mexicano”.
El 27 de noviembre, la CNDH, emite una recomendación (26/2001) al gobierno federal, ya panista y a este le recomienda que gire instrucciones al Procurador General de la Republica para crear una fiscalía, el Procurador General de la República era el General Rafael Macedo de la Concha, ex procurador militar.
532 casos investigados en todo el territorio nacional, 97 tienen solo algunos indicios
160 no se logró acreditar, sumando 257 los que, en ese momento, no son “acreditados” por la CNDH
En el 2001 por decreto presidencial fue creada la Fiscalia Especial para crímenes del pasado en la que acompañamos alrededor de 300 casos, denuncias ante este organismo del gobierno federal.
A pesar de que tuvo muy pobres resultados en comparación con las expectativas que se crearon, la importancia de la existencia de esta instancia federal, a nuestro parecer, radica por una parte en que el Estado mexicano admite, por segunda vez, que en nuestro país existen cientos de personas desaparecidas y según el informe “filtrado” de la FEMOSPP una política de terror en contra de la población y su obligación de investigar los crímenes que consideran del pasado.
En el período en el que la fiscalía estuvo en funciones, del 27 de noviembre de 2001 al 30 de noviembre de 2006, no existieron consignaciones ni procesos penales que hayan derivado en sanciones a servidores públicos mexicanos que hayan cometido el delito de desaparición forzada durante la Guerra Sucia. Ni las investigaciones ministeriales ni las históricas rindieron los frutos esperados. Además, el cierre de la FEMOSPP dejó a los familiares en la incertidumbre sobre los procesos judiciales. Tampoco se tiene conocimiento de que el Comité Interdisciplinario haya producido resultados para garantizar el derecho a la reparación integral del daño de las víctimas.
Estos casos se encuentran desde la desaparición de la FEMOSPP ante la Coordinación de Asuntos Especiales de la Sub-Procuraduría sin que haya ningún resultado hasta la fecha.
El caso Radilla llegó a la CoIDH debido a que las acciones de las instancias nacionales encargadas de procurar e impartir justicia, incluidas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), fueron insuficientes cuando no omisas.
La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM) y CMDPDH, llevaron la petición de admisión del caso ante la CIDH en el año 2001.
En octubre de 2005, la CIDH lo admitió y en julio de 2007, durante su 128º período ordinario de sesiones, aprobó el informe de fondo e hizo recomendaciones al estado mexicano que no fueron cumplidas y por esto con fecha 15 de marzo de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpuso una demanda contra el Estado mexicano en el caso 12.5.11, correspondiente a la desaparición forzada de Rosendo RADILLA PACHECO, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), quien emitió una sentencia en contra del estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco el 23 de noviembre de 2009.
Rosendo Radilla Pacheco, fue detenido y desaparecido por el ejército mexicano el 25 de agosto de 1974 en el Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, México. Su desaparición se enmarca en un contexto de desapariciones sistemáticas y generalizadas, en el cual se calculan más de 470 personas desaparecidas en el Municipio y 650 en el estado de Guerrero.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la comisión de la desaparición forzada del Sr. Radilla e identificó claramente las obligaciones de:
1) conducir eficazmente y con debida diligencia los procesos penales para determinar las responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones;
2) continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del Sr. Radilla;
3) realizar las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con estándares internacionales,
4) realizar reformas legislativas para compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas;
5) organizar permanentemente cursos sobre la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de desaparición forzada de personas, jurisdicción militar, entre otros,
6) publicar la sentencia en el Diario Oficial de la Federación;
7) realizar un acto Público de reconocimiento de responsabilidad;
8) realizar una semblanza de vida del Sr. Radilla;
9) brindar atención psicológica y psiquiátrica gratuita; y
10) indemnizar por daño material e inmaterial.
En su informe, el Estado mexicano señaló lo siguiente:
El Estado mexicano se encuentra en la etapa de cumplimiento de sentencia, ya han sido cumplidas la mayoría de las medidas de reparación, tales como: el acto público de reconocimiento de responsabilidad, la publicación de la sentencia en medios de comunicación, la implementación de programas y cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, la publicación de la semblanza del señor Rosendo Radilla Pacheco y el pago de indemnización.
Si bien es cierto que el caso actualmente se encuentra en la etapa de cumplimiento de sentencia, la respuesta del Estado mexicano omite señalar que los dos puntos principales por los cuales se acudió ante el Sistema Interamericano no se han cumplido, a saber, la falta de un debido proceso legal que permita, por un lado, la búsqueda y localización del señor Radilla y, por otro, la falta de sanción penal a los perpetradores de las violaciones, expresados en el numeral 8 y 9 de la sentencia:
8. El Estado deberá conducir eficazmente, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación y, en su caso, los procesos penales que tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, para determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea, en los términos de los párrafos 329 a 334 de la presente Sentencia.
9. El Estado deberá continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata del señor Rosendo Radilla Pacheco o, en su caso, de sus restos mortales, en los términos de los párrafos 335 a 336 de la presente Sentencia.
En este sentido, afirmamos que el principal obstáculo ha sido la falta de voluntad política para ejercer acción penal en contra de miembros de las fuerzas armadas responsables de la desaparición. Por ello, no se puede señalar que la reparación conforme a lo establecido en la sentencia ya ha sido cumplida en su mayoría, toda vez que las principales medidas de reparación permanecen sin ser atendidas debidamente, prolongando la impunidad por más de 40 años, a casi cuatro años de emitida la sentencia.
Respecto a los temas pendientes de cumplimiento en la sentencia se destaca que:
• No hay verdadera investigación que lleve a localizar los restos mortales de Rosendo Radilla Pacheco, toda vez que, aunque se han hecho excavaciones en la zona del ex-cuartel militar en Atoyac de Álvarez, Guerrero, estos lugares son seleccionados únicamente con base en testimonios de familiares y vecinos.
• Las diligencias de excavación realizadas hasta la fecha no están sustendadas en elementos técnicos básicos de investigación y búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada, por lo cual generan más dolor y expectativas en la familia y la comunidad. Todo ello, a pesar de los recurrentes argumentos de los representantes legales y los peritajes presentados que hacen referencia a la necesidad de realizar una investigación seria que brinde una certeza real de los lugares en los que probablemente se encuentren las personas desaparecidas en la época de terrorismo de Estado.
• En consecuencia, las acciones del Estado han dejado la impresión de que las diligencias de búsqueda y localización se realizan como un mero trámite que cumplir, y no como una investigación seria que permita redignificar a las personas desaparecidas y sus familias.
• Hasta el momento se han citado a declarar a menos de la tercera parte de los soldados adscritos a las zonas militares que operaban en el estado de Guerrero, debido a que hasta la fecha no se ha podido obtener información veraz respecto de lo sucedido con el Sr. Rosendo Radilla.
• No se han agotado todas las líneas de investigación sobre la detención y posterior desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, por lo tanto, aún no hay probables responsables vinculados a algún proceso penal, ni sentencias.
• Si bien recientemente se reformó el artículo 57 del Código de Justicia Militar, éste aún muestra algunas deficiencias y no cumple cabalmente con los estándares internacionales, para evitar que las fuerzas armadas continúen violando derechos humanos, como lo indica el punto décimo de la sentencia.
• La reforma al artículo 215-A del Código Penal Federal no se ha llevado a cabo a pesar de la existencia de varias propuestas legislativas desde 1999.
• A pesar de que el Estado mexicano afirma que ha capacitado sobre derechos humanos a sus funcionarios y funcionarias, no lo ha hecho en lo relativo al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano, sobre todo en lo que hace a los límites de la jurisdicción penal militar, así como un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas, como lo dice el punto 12 de la Sentencia.
• No existe una legislación general que tipifique adecuadamente el delito de desaparición forzada de acuerdo a los estándares internacionales, como se señaló en el apartado correspondiente del presente informe.
Conclusión:
Por estas razones los familiares de desaparecidos han señalado que se trata de una simulación del Estado en el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso de Rosendo Radilla, más que de una investigación seria.
Por todo lo anterior, se puede concluir que pese a los avances en algunos puntos de la sentencia del caso Radilla Pacheco, esta no puede ser tomada como cumplida hasta no encontrar el paradero del señor Radilla y combatir la impunidad del caso a través de la sentencia de todas las personas responsables de su detención y desaparición.
Frente al fracaso del Estado por establecer la verdad de los hechos y promover procesos sociales de memoria histórica, son las víctimas quienes han asumido esta responsabilidad. Han asumido diversas iniciativas para construir y promover procesos de memoria histórica que abonan a la lucha contra la impunidad. Son ellas las que han generado la documentación necesaria para evidenciar ante la sociedad que hubo un patrón sistemático de desaparición como táctica represiva en contra de un sector de la población mexicana, creando registros de las personas desaparecidas y del rescate de la memoria de los sobrevivientes y los testigos.
¡Por la vida y la libertad, ni desaparecidos ni impunidad!
¡Hagamos de cada injusticia una bandera de lucha!

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