Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2019.
Palabras para el décimo aniversario de la sentencia Radilla por la Corte Interamericana de DH, 2009-2019, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Agradecemos las facilidades para que un pequeño grupo de familiares integrantes de AFADEM, estemos hoy aquí.
Estamos aquí representantes de cuatro generaciones que esperan Verdad y Justicia de parte del Estado mexicano.
Secretaria de Gobernación, Subsecretario de gobernación, Subprocurdora,
Presidenta de la CDHDF, todas y todos, con mucho respeto.
¡Este acto no es de fiesta, es de lucha y de protesta¡
La Desaparición Forzada de personas es un delito de Estado, de lesa humanidad, continuado e imprescriptible.
No nos queda duda de que la impunidad de hoy, es producto de la impunidad con que siguen viviendo los militares y civiles responsables de la política de exterminio, política contrainsurgente de los años 60, 70 y 80, que se prolonga hasta nuestros días en México.
¿Porque estamos aquí?
Hace 20 años decidimos buscar otros caminos para intentar obtener lo que, en México, hasta hoy, se nos viene negando, Verdad y Justicia.
Saber
¿Dónde están?
¿Dónde los tienen?
¿Porque se los llevaron?
¿Qué les hicieron?
Sabemos que, por órdenes del presidente en turno, Luis Echeverría y que el ejército mexicano y la secretaria de gobernación
¡se los llevaron!
Sin ordenes de aprensión, violando toda la legalidad de ese momento y la siguen violando hasta hoy, violando toda la legalidad nacional e internacional.
¿De qué sirve que el Estado mexicano firme y ratifique tratados y convenios internacionales de protección de DH?
¡Si en la práctica se cometen los más abominables crímenes contra la población civil indefensa!
23 mil soldados tomaron Atoyac, tanques y metralla, bombardeo a comunidades con napalm, helicópteros y paracaidistas armados hasta los dientes contra gente campesina indefensa, desarmada, población desplazada forzadamente, casas convertidas en cuarteles militares que sirvieron y sirven como cárceles clandestinas, para detener arbitrariamente, retenciones ilegales, tortura, violaciones sexuales a mujeres y a hombres, ejecuciones en tortura, desaparición forzada, vuelos de la muerte; toque de queda, estado de sitio, aplicaron para aterrorizar y romper el tejido social, terror que les enseñaron a aplicar en la escuela de las Américas sus patrones norteamericanos para cuidar su patio trasero, México.
Hace 20 años decidimos “agotar las instancias legales nacionales y demostrar que en México se violan gravemente los DH.
Hace diez años, se obtuvo una sentencia internacional contra el Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo RADILLA PACHECO.
En Guerrero tenemos más de 650 detenidos desaparecidos, de Atoyac son más de 450, que se llevó el ejército mexicano a sus cuarteles y solo ellos saben dónde están, solo ellos saben dónde los tienen.
A diez años de esta sentencia, poco ha cambiado nuestra situación, niñas y niños, mujeres y hombres que nos negamos a olvidarlos, seguimos y seguiremos buscando
¡Hasta encontrarlos!
Rehaciendo el tejido social desde nosotras y nosotros mismos porque seguimos siendo excluidos, ninguneados, minimizados, desconocidos Porqué insistimos en buscar la paz, la paz para una población que fue víctima del Terror de Estado.
Las compañeras madres se han venido muriendo con la esperanza del regreso de sus seres queridos. Pero ahora, son las hijas, las nietas y bisnietas quienes preguntan al Estado mexicano
¿Dónde están?
¿Dónde los tienen?
Un poco de nuestro contexto:
El Estado mexicano ha tenido, históricamente, una doble política, con una imagen en el exterior y otra al interior del país, mientras en el exterior apoya los exilios políticos, -y muy bien hecho- como los españoles durante la guerra civil y luego los argentinos uruguayos, paraguayos, chilenos en sus procesos de dictadura durante el plan cóndor implementado por los EEUU a través de la Central de Inteligencia Norteamericana C.I.A. y la escuela de las américas, procesos de luchas populares, nicaragüenses, salvadoreños guatemaltecos, -por citar solo algunos-, simulando apertura democrática.
El terror ha sido su política al interior del país, su careta interna ha sido una feroz represión contra la disidencia social y política, manifestándose por la identificación, ubicación, seguimiento, persecución, hostigamiento, detenciones ilegales o arbitrarias, tortura física y emocional, violación sexual, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y desplazamientos forzados. Otro ejemplo de su doble política es la firma y ratificación de instrumentos internacionales de protección de DH y en la práctica les ponen candados para no ser cumplidos, declaraciones interpretativas o reservas.
Hoy como ayer, todas y todos, niñas, niños, mujeres y hombres, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y toda voz crítica, que defienda el territorio, el agua, la biodiversidad, contra minas o simplemente para aterrorizar a la población para obligarlos a migrar y abandonar su territorio, estamos expuestos a estos crímenes de Estado y no pasa nada.
La AFADEM, desde sus inicios en los años 70 ha aplicado diversas formas de lucha por Verdad, Justicia, Democracia y contra la impunidad.
El régimen opresor que desde los años 20 imperaba en nuestro país se mostraba cada vez más duro ante la oposición política.
Iniciamos en los años 70, tuvimos comités en casi todo el país y debido a la represión por un lado y por otro lo difícil que era sostener de manera independiente los trabajos de denuncia muchos comités sucumbieron.
En Atoyac, tomo el nombre de Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Costa Grande de Guerrero.
En la década de los 70s y 80s, por órdenes de su jefe supremo Luis Echeverría Álvarez y los secretarios de la Defensa Nacional Hermenegildo Cuenca Díaz y Félix Galván López, el ejército aplico el horror que produce una guerra de exterminio: detenciones arbitrarias, retenciones en cárceles clandestinas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, todo esto en estado de sitio, el toque de queda igualmente ilegal, los cateos injustificados donde muchos documentos fueron robados o destruidos por los militares al entrar a las casas, también con allanamientos ilegales y retenes militares, donde nada podían hacer las personas que se encontraban en estado de total indefensión ante las armas del Estado.
Desde el nacimiento de nuestra Organización, 1978, el principal objetivo fue conocer la verdad y obtener justicia; recorrimos las comunidades para buscar información y crear nuestra propia “base de datos” para tener conocimiento pleno de la cantidad de las personas Detenidas y Desaparecidas por el ejército mexicano en ese negro periodo.
En la búsqueda de los Detenidos Desaparecidos de México, nos integramos en 1985 a la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, desde donde participamos en los trabajos para la creación de los instrumentos internacionales de los que México es parte y no aplica en territorio nacional como parte de sus dos caras, La Declaración Universal, la Convención Interamericana y la Convención Internacional que hoy nos debería de proteger contra las Desapariciones.
Ante diversos mecanismos de la ONU hemos presentado información, como al GTDF, ahora ante el Comité de la Convención continuamos enviando fichas de casos de Desaparición Forzada buscando presionar al Estado mexicano.
En otro momento y durante cuatro años estuvimos cada domingo en el Zócalo de Atoyac estuvimos en plantón, para recibir información, documentos, fotografías, testimonios de los familiares; durante este tiempo logramos conocer infinidad de familiares que no habían denunciado; hoy tenemos casi todas las averiguaciones previas de estos casos; esto mismo lo hicimos en Zihuatanejo, Acapulco y Chilpancingo.
Dándole continuidad a nuestros objetivos de búsqueda de verdad y justicia y contra la impunidad y después de un análisis de la realidad nacional e internacional, de lo hecho por años y lo que necesitábamos para lograr encontrar a los Detenidos Desaparecidos, en nuestro XV congreso en 1999, en Acapulco, Guerrero, llegamos a la conclusión de que:
- Que el Estado mexicano no va a reconocer sus crímenes, que su política, a través de sus intelectuales orgánicos, asalariados, becados y otras plumas a sueldo es estigmatizar a los familiares y sus familiares detenidos desaparecidos para aislarlos, esconder la verdad, minimizar los estragos que las detenciones desapariciones causan en la población, descalificar los esfuerzos independientes por conocer la verdad y acceder a la justicia, encubrir a sus agentes entrenados para detener, torturar y desaparecer y seguir reproduciendo el terror que se aplicó en Atoyac para acallar las voces disidentes, para controlar el territorio y como forma de control social.
- En México no hay acceso a la justicia, la legalidad protege la impunidad y hay que demostrarlo.
- No hay instrumentos jurídicos que nos protejan contra la desaparición forzada de personas.
- No hay voluntad política del Estado mexicano para que se conozca la verdad de lo ocurrido en el periodo de terrorismos de Estado de los años 60, 70 y 80, de conocer a fondo lo ocurrido en ese periodo de la guerra contrainsurgente.
- Que el Estado mexicano, es juez y parte en todos estos procesos de injusticia.
- Todos, en estos momentos, ayer y más hoy, estamos expuestos a sufrir una desaparición forzada a manos del Estado o sus agentes.
Ante esto decidimos agotar las instancias jurídicas nacionales y pasar a buscar la justicia internacional.
Y fue así que el día 29 de noviembre de 1999 presentamos el primer paquete de denuncias ante el ministerio público local que corresponden a casos de 11 personas Detenidas Desaparecidas de “El Rincón de las Parotas” población de la sierra de Atoyac. Cabe mencionar que tuvimos que tomar las oficinas del Ministerio Publico, pues, aunque solo queríamos que nos pusieran el sello de “recibido”, este, lo hicieron perdedizo, además de que no sabían que hacer ante las denuncias que presentábamos por Desaparición Forzada de Personas” ya en 1999.
Este mismo paquete fue presentado ante la Procuraduría General de la República, PGR, y a la CNDH; luego pedimos a la PGR ratificar en Acapulco y presentar nuevas denuncias y después pedimos nos recibieran denuncias en Atoyac.
A esta Averiguación se acumularon 143 casos que dieron inicio a las primeras investigaciones que realizara la PGR, investigaciones que no tuvieron ningún resultado además de que los MP eran personas que no estaban capacitadas, como ocurre hoy, para tratar con víctimas, tratándonos como si fuéramos responsables en lugar de denunciantes.
Por medio de la prensa nos enteramos que la Procuraduría General de la República, PGR, se había declarado incompetente y remitido nuestros casos a la Procuraduría General de Justicia Militar. Como AFADEM decidimos no acudir a esta instancia de justicia militar ya que como responsable de la detención desaparición de nuestros seres queridos no garantiza imparcialidad ni independencia en el proceso.
También denunciamos ante la PGR, un posible cementerio clandestino en otra población de Atoyac, Tres Pasos del Rio, lugar que había ocupado el ejército como cuartel militar.
En 1999, presentamos, junto con una decena de organizaciones, la primera propuesta de Ley General contra la Desaparición Forzada en la Cámara de Diputados Federal, se logró dictamen a favor por la Comisión de Derechos Humanos e igualmente fue desaparecida por los partidos políticos, aunque para entregar la propuesta se realizó un foro donde Florentín Menéndez, en ese momento Alto Comisionado para los Derechos Humanos de El Salvador hablo sobre “La obligación de los estados en legislar contra la DFP”.
En el 2000, a la llegada de un gobierno de alternancia y la expertiz del Estado en simulación permitió, en algunos sectores, considerar viable una investigación de estos crímenes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, había iniciado ya la investigación por estos hechos y recibieron 532 quejas, donde también, la AFADEM, entregamos denuncias; la CNDH recomendó (26/2001) la creación de una Fiscalía Especial para la atención de hechos criminales del pasado, FEMOSPP, creada en noviembre del 2001.
Esta Fiscalía levanto grandes expectativas en algunos sectores, pero sabíamos que no pasaría nada, que era solo simulación, pero teníamos que demostrarlo y agotar esa instancia nacional para acceder a tribunales internacionales pues ya habíamos iniciado tramites en la Comisión IDH y acompañamos en Atoyac, con su respectiva misa y marcha más de 300 casos a presentar denuncia por Desaparición Forzada.
La Fiscalía solo consigno unos cuantos casos ante el Poder Judicial por el delito de “privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, agravado por ser funcionarios públicos los que lo cometieron”, negándose a aplicar los instrumentos internacionales.
La impunidad continua
Cuando se acusaba a Luis Echeverría Álvarez, en 2004 se aprobó, por todos los partidos políticos, de manera expedita, una reforma al Código Penal Federal para permitir que las personas mayores de setenta años, contra las que se iniciara un proceso penal no fueran objeto de prisión preventiva, sino de arresto domiciliario.
La iniciativa, fue presentada como una reforma humanitaria, buscaba evitar que las personas señaladas como presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad llegaran a prisión, léase, entiéndase “Luis Echeverría Álvarez”.
La Fiscalía fue complaciente con los criminales del Ejército y omitió investigar a fondo su responsabilidad en los delitos “del pasado”.
La mayoría de las pruebas, como ocurre hoy, tuvieron que ser ofrecidas y presentadas por los propios familiares o denunciantes, como ocurre también hoy en día. Los agentes ministeriales se limitaron a la recepción y el desahogo de pruebas ofrecidas, enviando oficios a otras dependencias dejando la carga probatoria de los crímenes a los familiares y representantes de las víctimas. Al final del sexenio esta instancia, FEMOSPP, fue desaparecida de un plumazo, siendo procurador un militar y sin haber resuelto ningún caso, ni una víctima fue encontrada, ni un responsable sujeto a proceso
De acuerdo con el Informe de la extinta FEMOSSPP, dependencia que documentó acciones militares desplegadas en el estado de Guerrero revelaron que “se calculaba que para 1971 el Ejército tenía concentrado[s] en Guerrero 24,000 soldados, una tercera parte de todos sus efectivos”, con el pretexto de perseguir a los guerrilleros que en ese momento se encontraban en la sierra de Atoyac y ante la impotencia de no poder dar con ellos se fueron sobre la población civil indefensa, que en su gran mayoría nada tenían que ver con los grupos armados, cientos de personas fueron víctimas de detención arbitraria, tortura física y psicológica, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, desapariciones forzadamente otros muchos actos de violaciones graves a sus derechos humanos.
Según el informe, el Ejército buscó “[l]a aniquilación de todo resabio de la guerrilla, arrasando a sangre y fuego, a todo partidario o sospechoso de simpatizar con estos grupos armados, o con la izquierda […], ello ocurrió en total arbitrariedad y con el auspicio tanto de las autoridades federales como de las autoridades locales.
Los expedientes pasaron a la Sub-Procuraduría de asuntos especiales, quienes, hasta hoy, no han puesto ningún interés y a pesar de que ha habido en varias ocasiones diligencias de excavación (6 excavaciones a ciegas) estas no han arrojado ningún resultado lo que denota la falta de investigación efectiva, después de 13 años hasta este momento, dicen no tener ni siquiera una pista de donde pueden encontrarse las personas detenidas desaparecidas por el ejército mexicano, pero al ejército no le preguntan.
En 2001, la AFADEM, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDDH) y la familia Radilla, por fin teníamos respuesta favorable ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pese a que el estado mexicano reitera en cada informe su disposición de dar cumplimiento total a la sentencia, en los hechos no ha cumplido principalmente en relación a la obligación de investigar efectivamente la desaparición de Rosendo RADILLA PACHECO y mucho menos ubicar el paradero real de él ni de ninguno de los más de 650 detenidos desaparecidos de Guerrero, ellos saben dónde están, ellos los tienen en alguna cárcel clandestina.
Seis excavaciones se han dado en el caso Radilla en el ex-cuartel militar, hoy ciudad de los servicios con el apoyo de los mejores equipos de antropólogos y arqueólogos forenses que dan cuenta de ello, el equipo argentino, el guatemalteco, el peruano y ahora el equipo mexicano y pareciera que las excavaciones son a ciegas, sin testimonios o datos exactos o cercanos del paradero de los Detenidos Desaparecidos, esta ha sido otra forma de simulación que hoy sigue presentando el Estado mexicano.
El pasado es presente
La crisis humanitaria que vivimos hoy, es debido a la impunidad que ha perdurado sexenio tras sexenio, administración tras administración. El Estado es responsable de la seguridad y del bienestar de la población por acción, omisión y/o aquiescencia por ello es responsable de las desapariciones forzadas que hoy por hoy no cesan y aumentan en número cada día.
La ineficacia, negligencia y falta de voluntad política de los gobernantes a obligado a los familiares a salir a buscar a sus seres queridos desaparecidos haciendo lo que es responsabilidad de las autoridades, locales, estatales y federales.
Uno de los factores que ha influido en esta crisis humanitaria en la que hoy vivimos se debe a la impunidad de que han gozado por mas de cinco décadas los responsables, no hay ni ha habido voluntad política del gobierno mexicano ni para investigar el paradero de nuestros seres queridos detenidos desaparecidos, ni para sancionar a los responsables, ni reparar el daño ocasionado a las familias donde parte de las principales víctimas son niños que se quedan en orfandad y en la total indefensión.
Todo lo hecho por nosotras, abona a un movimiento internacional en la lucha contra la Desaparición Forzada de Personas, pues, aunque México vive una crisis humanitaria con más de cien mil desaparecidos, varios cientos de miles de asesinados, alto número de feminicidios, desplazados forzadamente, caracterizada por la impunidad, la corrupción, tráfico de influencias, criminalización de la protesta social y graves violaciones a los Derechos Humanos.
Nuestro andar en nuestro país es el botón muestra de la impunidad, de la corrupción como cadena de transmisión de este sistema que privilegia los intereses económicos por encima de las personas, por encima de la vida.
Hoy, este nuevo gobierno, autodenominado 4T toma la estafeta del Estado y debe decidir: todos los recursos humanos, técnico y económicos para la búsqueda, identificación, restitución, reparaciones y prevención o seguir con a simulación y cómplice de impunidad.
¡Por la vida y la libertad, Ni desaparecido ni impunidad!
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
FRATERNALMENTE
JULIO MATA MONTIEL
Secretario Ejecutivo de AFADEM
Vocal de comunicaciones de FEDEFAM
Vicepresidente del FREMEXDEHU
a voz contra las injusticias.
